COLLECTIF POUR L'AUTONOMIE DU PEUPLE MAPUCHE ( CAPMA ) * Le CAPMA est un collectif autonome qui s'oppose radicalement à l'impérialisme, au colonialisme, au capitalisme et condamne toute forme d'exploitation, de discrimination et de domination.
Gentileza: Lamgen María Eva
Fuente: AMP
En la actualidad los movimientos sociales parecen ser actores polìticos del naciente siglo XXI. Sin embargo, su lucha no son acciones sumergidas sólo en los escenarios actuales. También existen procesos históricos que marcan los caminos que tuvieron que seguir dentro la escena política latinoamericana.
Desde el proceso de colonización de los territorios latinoamericanos con la llegada de los europeos, los pueblos originarios fueron perseguidos y saqueados en su identidad y costumbres. No sólo se los invadió sino que se realizó sobre ellos todo tipo de maniobras ofensivas, alcanzando el genocidio de estos habitantes nativos.
En este sentido, el día 12 de octubre, los indígenas latinoamericanos se movilizaron en rechazo del 515 aniversario de la Colonización y el posterior desarme de las tradiciones y de los modos de vida de los habitantes continentales.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que agrupa a las diversas organizaciones indígenas de regiones como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, conmemoró el Día Internacional de Pueblos Indígenas, el 9 de octubre, con el fin de evocar que la invasión todavía sigue vigente a través de los actuales contratos y acuerdos económicos, como los Tratados de Libre Comercio (TLC), que generan la exclusión de los pobladores originarios y la apropiación de los valiosos recursos naturales.
De esta manera, hasta el día de hoy, las comunidades indígenas siguen padeciendo el desalojo y el desarraigo de sus lugares de origen debido a la incorporación de las grandes empresas multinacionales y de los magnates que, beneficiados por las políticas de flexibilización de los países del Tercer Mundo, eligen a Latinoamérica para hacerse adjudicatarios de grandes extensiones de tierra.
Es así como, en la Patagonia argentina, el pueblo mapuche se vio obligado a desalojar sus lugares de residencia como consecuencia de la venta de los mismos al empresario italiano Luciano Benetton. La familia Benetton, propietaria de la mundialmente conocida marca de ropa, es poseedora de casi 900 mil hectáreas que pertenecían a pueblos aborígenes, que se vieron obligados a recurrir a la justicia nacional ante la expulsión.
En Chile, algunos integrantes de la comunidad mapuche padecen persecución política. Un ejemplo de esto, es lo que ocurrió el 11 de septiembre del año pasado, cuando una joven dirigente estudiantil mapuche llamada Amanda Huichalaf, fue arrestada mientras se dirigía a la universidad.
La muchacha, de 21 años, acusa al Estado por persecución política debido a su pertenencia al Colectivo Mapuche Pelentaru. Al momento de ser detenida, la policía chilena no le brindó justificación alguna ni se le leyeron sus derechos de inmediato.
"De lo que estoy segura es que mi detención se debió a que hasta ese momento era dirigente del Colectivo Mapuche Pelentaru y Presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela de Acuicultura de la ULA", declaró Amanda. La joven debió abandonar su participación en dichos movimientos debido a lo sucedido y al temor que ello le produjo. Además, agregó en una entrevista realizada por el periodista Hernán Scandizzo, que considera que su detención "fue arbitraria, discriminatoria y racista por mi condición de mapuche".
Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, expresó, a través de una notificación realizada por la conmemoración del mal llamado Día de la Raza: "denunciamos la permanente violación de los derechos humanos a los pueblos indígenas, no podemos callar frente a los crímenes horrendos que vienen ocurriendo con nuestros hermanos y hermanas, de parte de las Fuerzas Armadas y de los Gobiernos Nacionales a través de las políticas de Estado y las leyes, que están hechas para violentar nuestros derechos colectivos, al perseguirnos, al contaminar nuestros territorios, y desplazarnos con la intención de exterminarnos sistemáticamente".
A su vez, Palacín Quispe se refirió a los procesos de militarización y persecución por parte de los Gobiernos latinoamericanos. La CAOI denunció, que los pueblos originarios, al pretender defender sus territorios y recursos naturales que le pertenecen histórica y tradicionalmente, "sufren el asesinato permanente de dirigentes y líderes sociales e indígenas, el encarcelamiento injustificado y la criminalización de los movimientos sociales". "Todo esto nos demuestra que no existe libertad, ni derecho a decidir nuestro modelo de desarrollo", concluyó el Coordinador General de la CAOI.
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), "entre un 8 y un 10 por ciento de la población total del continente es indígena, con más de 400 grupos lingüísticos diferentes. Son los más pobres, tienen menor acceso a salud, educación, servicios básicos y agua potable, las condiciones de vida más precarias y escaso reconocimiento cultural".
Asimismo, los gobiernos latinoamericanos de los presidentes Álvaro Uribe, de Colombia, Michelle Bachelet, de Chile, y Alan García, de Perú, son algunos de los denunciados en el informe de la CAOI como las principales naciones dónde se generan "hostilizaciones de los pueblos indígenas y persecuciones a los dirigentes".
El acecho a los pueblos originarios y el saqueo a sus costumbres y modos de vida, es una de las formas más antiguas y ancestrales de persecución. No obstante, esta "cacería" fue tomando diversos rumbos, de la mano de la agudización de las carencias que sufren los pueblos latinoamericanos y la consecuente derivación en protestas, así como de la conformación de movimientos y organizaciones sociales que luchan por sus derechos.
La criminalización de los pobres y de los movimientos sociales es el común denominador en este sistema capitalista y neoliberal que los concibe, entre una de sus formas, como consecuencia de la relación de explotación entre los proletarios y los empresarios, que actúan con el apoyo de los Estados.
Los movimientos sociales se plantean, desde la lógica capitalista, como la raíz del mal de la sociedad, debido a que ponen en tela de juicio las estructuras sociales productivas, a través de la defensa de la dignidad, de los derechos humanos violados en pos de los intereses del poder y de la resistencia a esos mismos núcleos de poder.
Desde la perspectiva marxista de la "lucha de clases" hasta los actuales movimientos sociales, el mundo ha atravesado por diversos y enormes cambios que hicieron que el reclamo del pueblo tome diferentes rumbos así como también el accionar de los gobiernos estatales, de las potencias mundiales y de las grandes entidades internacionales.
A pesar de que el capitalismo, tras la caída del comunismo y el establecimiento de Estados Unidos como la potencia mundial, presenta como uno de sus factores básicos la exaltación del individualismo, las identidades de grupo y las representaciones sociales todavía coexisten sobre todo en aquellas regiones que optan por la solidaridad social ante el desamparo de quienes deberían representarlos y defender sus derechos como trabajadores pero, sobre todo, como seres humanos.
No obstante, los mismos Estados que deberían resguardar los derechos de sus ciudadanos y habitantes ecuánimemente, ante el temor a la desobediencia y al desorden social, optan por la represión, la persecución, la criminalización, entre otros mecanismos.
Este proceso de persecución se agudiza en la medida en que los movimientos sociales se incrementan ocupando los espacios vacíos dejados por los partidos políticos y los miembros e instituciones gubernamentales. Estos factores conllevan a reunir esfuerzos colectivos con el objetivo de reestructurar y restablecer aquellas cuestiones de Estado - económicas, políticas y sociales - que determinados grupos de la sociedad conciben como erróneas y perjudiciales para los intereses populares.
Planteando como iniciadores de este fenómeno social a los indígenas, se puede establecer como otro de los puntos más fuertes en la movilización de los latinoamericanos a aquellos que reunían fuerzas para contrarrestar los efectos dictatoriales, a las llamadas "fuerzas revolucionarias", incrementadas a gran escala durante los años setenta como consecuencia del oleaje de gobiernos de facto en toda Latinoamérica.
Tal como se publica en el portal de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en una investigación sobre movimientos sociales realizada por Marcel Arévalo, "la influencia de la guerra fría, de la revolución cubana y, fundamentalmente, del intervencionismo estadounidense sobre el mapa, transformó en movimientos de liberación una diversa gama de alianzas de fuerzas revolucionarias y democráticas".
A su vez, Arévalo plantea que "los movimientos sociales tienen ante sí desafíos trascendentales en una actualidad en la cual el capitalismo se mueve en sus intereses como cuando los terratenientes despojaron a los campesinos y los orillaron hacia los suelos pobres e inhóspitos".
Realizando un recorrido por los diferentes países latinoamericanos, son miles los movimientos u organizaciones sociales que se presentan inspirados en las ancestrales luchas indígenas. Algunos de mayor conocimiento público, otros desconocidos por gran parte de la sociedad, algunos más numerosos, otros con pocos integrantes, algunos más antiguos, otros recientes, pero todos con fines y objetivos claros que forjaron su surgimiento.
Entre esos movimientos puede destacarse la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que ya lleva 25 años luchando y resistiendo ante el genocidio de los pueblos originarios. Su objetivo es la construcción de una nación más justa e incluyente a través de un pacto social que permita superar los planes de militarización implementados en el país colombiano luego de las tratativas de sus gobernantes con Estados Unidos.
El pueblo colombiano no sólo vive inmerso en la militarización externa sino que, también, vive acechado por las fuerzas paramilitares que generan cientos de muertes civiles por año en medio de un contexto caracterizado por la violencia, la violación a los derechos humanos y la destrucción de la pseudo democracia.
A través de la falsa justificación de la lucha contra el terrorismo y por medio de la Doctrina de Seguridad, Estados Unidos, en acuerdo con gobiernos latinoamericanos obsecuentes, como el Colombiano, implementa políticas de exterminio de los movimientos indígenas, políticos disidentes, populares y sociales con el afán de acentuar sus planes económicos, políticos, militares y, sobre todo, de apoderamiento de los recursos naturales.
En este sentido, la implementación de políticas represivas por parte de los Estados Nacionales latinoamericanos es acompañada o iniciada por las directivas de los países hegemónicos, primordialmente, Estados Unidos. En tal aspecto, Colombia, bajo la excusa de luchar contra el movimiento contrainsurgente, inició el contacto con el país norteamericano, que le suministró material militar, asesoría y efectivos militares para asentarse en las numerosas bases de control, en lo que se denominó Plan Colombia.
El General Norteamericano Yarborough del Centro de Guerra Especial de Carolina del Norte Fort Braga, afirmó que "debe crearse un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión (...) en la medida que sea necesario, e impulsar sabotajes y/ o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto".
En este sentido, toda persona o movimiento social que se muestre disconforme con el sistema o se plantee como una amenaza para la prosecución de los planes hegemónicos, se considera como, según la etapa histórica, "comunista", "subversivo", "antidemocrático", "contrainsurgente" o "terrorista".
El Centro de Investigación y Educación Popular notificó que las Fuerzas Armadas colombianas, entre junio de 2006 y julio de 2007, fabricaron 90 operaciones a través de las que terminaron con la vida 169 víctimas civiles. En el mismo informe, se denuncia que estas personas asesinadas y demás desaparecidas forzosamente y torturadas fueron presentadas como miembros de organizaciones guerrilleras.
De esta manera, el Estado colombiano encontró la mejor excusa posible para justificar su violación a los derechos humanos, amparándose en el resguardo del orden nacional a través de la ejecución de estas "amenazas".
Colombia plantea un desmantelamiento y eliminación sistemática de los movimientos sociales y populares que luchan en defensa de la soberanía nacional, de los derechos humanos y de su territorio, exigiendo justicia e igualdad.
Siguiendo esta línea de análisis, Héctor Mondragón, asesor de organizaciones campesinas e indígenas y movimientos sociales urbanos en Colombia, desde hace 20 años, escribió un libro llamado "Movimientos sociales, una alternativa al conflicto colombiano".
En éste plantea, tal como lo expresó en una entrevista realizada en el Canal Solidario de Barcelona -España- , la violencia por la que deben atravesar los movimientos sociales del país latinoamericano, las estrategias de supervivencia que desarrollan para revertir esta situación y la impunidad ante las amenazas, los asesinatos y las presiones hacia los líderes.
Mondragón, afirmó que "los movimientos colombianos comparten las luchas fundamentales del movimiento social que hay en todo el mundo, pero presentan algunas diferencias." Destacó que la principal particularidad "es que está tremendamente desangrado por la violencia" y denunció que eso le "ha costado la vida a miles de personas, campesinos, indígenas, miembros de sindicatos y de movimientos urbanos. La lista de los dirigentes que han sido asesinados es interminable".
Por otra parte, el asesor de organizaciones indígenas, campesinas y sociales, se refirió al fenómeno de persecución que sufren hoy en día las mujeres activistas, llevándolas a un lugar de simetría con la violencia que el Estado colombiano ejerce hacia los hombres. "Muchas de éstas líderes campesinas están ahora exiliadas en España y otros países europeos", agregó.
Sin embargo, el caso de Colombia no es el único de América Latina. En una segunda parte de este artículo se detallará la resistencia de otros movimientos sociales de la región que son amedrentados por el poder político en sus países.
De { Maria Eva Garcia Simone }
Fuente AMP
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