Cronología de un saqueo ...

Cronología de un saqueo ...

En el lenguaje « mapudungun », la palabra « Mapuche » significa « la gente de la tierra ». A principios del siglo XIX, cuando Chile era aún una colonia española, los Mapuche ocupaban un territorio tan grande como Portugal, es decir 100 000 km2 en pleno centro del país. Entre 1866 a 1927, los Mapuche fueron desplazados en una reserva de tan solo 5000 km2, es decir menos de 5% de su territorio ancestral. Según un censo de 1992, existen unos 928 000 Mapuches instalados en Chile.

Los indios Mapuche representan 10% de la población adulta en Chile. Las reestricciones sobre sus derecho a la propiedad y el empobrecimiento masivo son el origen del exodo rural.

Despues de 135 años de desplazamientos hacia las ciudades cercanas, generalmente en forma forzada, la mitad de esta comunidad se instaló en Santiago. Un habitante sobre 10 (niños incluidos) de Santiago, son Mapuche. 200 000 viven en otras ciudades como Valparaiso y Concepción.

Para la mayoría de los Chilenos, un Mapuche es un campesino que vive con los suyos, en las tierras de la Araucania, una región del sur, y que están en permanente conflicto por su territorio. Los otros Mapuche son simplemente ignorados y/o discriminados. Hoy solo 40% de la población Mapuche vive en el territorio de sus ancestros. Los chilenos voluntaria o involuntariamente mantienen una imagen caracterizada de los Mapuche, lo cual obstaculiza su ingreso a la vida de la sociedad chilena. Desafortunadamente son los medios de comunicación los que promueven activamente la imagen negativa de los Mapuche.

Varios siglos de colonización

La violación sistematica de los derechos humanos de la cual es víctima el pueblo Mapuche, encuentra su origen con la llegada de los conquistadores espanoles. La visión racista y la ambición desenfrenada de la que hicieron prueba los europeos a su llegada al nuevo mundo, fueron las causas directas del genocidio de mas de 60 millones de personas en este « nuevo continente ».

La resistencia del pueblo Mapuche contra la invasión de su territorio se prolongó durante mas de 300 años, logrando así obtener ciertas garantías para el respeto de sus derechos fundamentales frente a la corona espanola. El pacto de Quillin firmado en 1641 reconoce la independencia del territorio Mapuche desde el rio Bio Bio hasta el sur del país.

La independencia de Chile y su creación como Estado en 1810, cambiaron las relaciones entre los Mapuche y los descendientes de los conquistadores. En 1862, el Estado chileno firmo el tratado de Tapiweh con la Nación Mapuche en el cual se le reconoció un territorio limitado por una frontera natural: Bio Bio. Pero desde los primeros años, la nueva República estableció un dispositivo de ley y una política de colonización que tendra como consecuencia una guerra brutal a lo largo del siglo XIX.

Hacia 1883, los Mapuche perdieron su libertad y su territorio frente a una armada chilena profesional y poderosa. Es el comienzo de una campaña dirigida por el Estado chileno para colonizar y exterminar los Mapuche con actos como la violación a los derechos fundamentales, la utilización de una estrategia de erradicación y los desplazamientos forzados. El sistema de « reservas » copia conforme del modelo norte-americano, ha sido establecido por diversos gobiernos hasta 1925, año en el cual, los últimos nativos fueron instalados en la zona de Cautin.

El modo de vida de los Mapuche, que tiene como fundamento la posesión comunitaria de las tierras, se ve amenazado por la contra-reforma agraria impuesta por el regimen militar de Pinochet (sistema de propiedad privada), lo cual implica la perdida de miles de hectareas de tierra, que fueron recuperadas por los empresarios latifudistas y las grandes empresas forestales.

El saqueo de los territorios

La expansión de la actividad forestal, y turistica, afectan gravemente los derechos de los Mapuche despojandolos de sus tierras. La construcción de carreteras y de centrales hydroelectricas constituyen tambien un peligro para la soberanía de los Mapuche sobre su territorio.

Las empresas forestales que representan 1.5 millones de hectareas, aunque cuentan con el apoyo y las autorizaciones del Estado chileno, están fuera de la ley, porque los terrenos en donde se instalaron pertenecen a los Mapuche, porque estos han sido reconocidos y protegidos por la legislación del país. Ademas, la calidad de estos terrenos se ve seriamente amenazada por estas actividades industriales y sobre todo por su alto grado de polución.

En Chile, como en la mayoría de paises de latino-america, existen leyes que protegen y sancionan la discriminación indígena, pero esta minoria indígena, estima que las leyes son ineficaces.

Los territorios indígenas son ricos en fauna, flora y demas riquesas naturales, sus rios, lagos y fondos marinos. Es por esta razón, que estos territorios se han convertido en el objetivo comercial principal de las grandes empresas chilenas y extranjeras (grupo Matte, Larrain, Shell, Mitsubishi etc…). En el lugar en donde se encuentran establecidos estos grupos industriales de explotación de recursos naturales, se desarrollan mega proyectos como el de la central hydroelectrica de Ralco y el de By pas y la futura autopista de la costa. Estos proyectos provocan una deterioración del medio ambiente irreversible por causa de la polución de los suelos, de los rios, del mar, del aire y la deforestación. Las industrias de celulosa utilizan multitud de elementos quimicos como el sulfato de sodio, la soda caustica o el petroleo. Las plantaciones de pino radiata y de eucalipto utilizadas para reforestar, producen acidez en los suelos y los vuelven esteriles.

Una acción colectiva se formó para intentar una acción de justicia la cual logró obtener un fallo positivo por parte de los tribunales quienes se manifestaron sobre la propiedad de estos terrenos en cabeza de los Mapuche. Pero las empresas forestales y sus milicias con la complicidad del Estado chileno, se niegan a restituir los terrenos.

El poco diálogo que existe entre los Mapuche y el gobierno se debe esencialmente a la falta de credibilidad que tiene la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena quien recientemente fue acusada de corrupción. El dinero que debía servir a la compra de las tierras para los Mapuche fue utilizado en realidad para financiar las campañas electorales y para el enriquecimiento personal de sus dirigentes.

La ley indígena de 1993 instaura la restitución las tierras a los indígenas. Esta ley instaurada por el gobierno « democrático » de Patricio Aylwin, tenía como objetivo oponerse a la antigua ley de Pinochet quien, en 1973 había instaurado una ley que visaba la integración de las comunidades al sistema neo-liberal, dividiendo las tierras y poniendolas a la venta.

150 000 hectareas fueron prometidas por el presidente Lagos cuando este accedió al poder. Los terrenos debían ser entregados a los Mapuche en seis años. Restituir las tierras Mapuche evitando que el progreso tecnico y economico, incite a la pobreza y a la emigración de los indígenas hacia las ciudades. Los Mapuche consideran la ley indígena y la comisión de la verdad historica, como un símbolo. Como podrían considerarlo de otra manera si son los políticos chilenos quienes crean estas leyes siendo ellos mismos propietarios de estos terrenos.

La resistencia frente al Estado

Es contra estos proyectos que las comunidades Mapuche se oponen masivamente, en diferentes provincias del sur. En 2002, 22 comunidades de la provincia de Arauco se encontraban en conflicto contra las empresas privadas y 18 en la provincia de Malleco. Las empresas mas atacadas son Forestal Minico SA, Forestal Voltera Ltda y forestal Bosques Arauco SA.
La militarización del conflicto y el irrespeto por la cultura indígena son evidentes. La presión de los militares está acompañada por la violencia de los paramilitares empleados por los grandes propietarios de los terrenos.

Actualmente mas de 400 militantes Mapuche han sido inculpados por los tribunales por su participación dentro de las acciones de las comunidades en conflicto. A estas cifras debe sumarse un numero importante de personas en fuga.

Mas de diez ministros delegados y cuatro jueces militares han sido encargados de aclarar los diferentes actos de violencia que, desde finales de 1997, se han presentado en las VIII, IX y X regiones. Varios dirigentes y miembros de las comunidades han sido inculpados y encarcelados. Las comunidades en conflicto reivindican para ellos el status de prisioneros políticos.

En la mayoría de los casos, son juzgados por infringir la ley de seguridad interior del Estado y la ley antiterrorista. Este cuadro juridico tiene como objetivo reprimir las convicciones políticas mas que las acciones comunitarias.

Un Gobierno instrumentalizado

Algunas leyes favorizan la practica de la violación de los derechos humanos en general, la persecución de los militantes mapuche por razones políticas y las detenciones arbitrarias ; el derecho a la defensa es casi inexistente y la tortura y los tratos inhumanos durante los interrogatorios de la policia son frecuentes.

Diversas organzaciones por la defensa de los derechos humanos y profesionales del derecho penal, han considerado que las « leyes » aplicadas por el gobierno chileno constituyen un veritable retroceso en materia de derecho.

Prisioneros políticos, son todas aquellas personas encarceladas por decisión administrativa del Estado, sometidas a procesos o que son condenadas por acciones calificadas de delitos políticos, a saber « los que tienen la intención de modificar el orden social y político o el gobierno y que la legislación en aplicación, los califica como tal ».

El gobierno de Ricardo Lagos decidió intensificar la represión poniendo en obra los medios utilizados durante la dictadura de Pinochet, medios que su partido socialista chileno condenaba tiempo atrás.

Este gobierno es el digno descendiente de los gobiernos que en nombre del Estado Nación chileno han marginalizado y oprimido el pueblo Mapuche, quien ha desarrollado un neo-colonialismo especifico durante años.

Este gobierno que marginaliza, que expropia, que encarcela y que asesina, es el instrumento de un sistema en donde las multinacionales imponen su voluntad, constituyendose en el instrumento del neo-liberalismo.

Aun con su política represiva y el irrespeto por los derechos de los Mapuche, el gobierno chileno de Ricardo Lagos constituye un verdadero fracaso ya que no encuentra respuesta a sus revindicaciones.

La solidaridad nacional e internacional y las comunidades Mapuche deben organizarse y apoyarse para poder continuar su batalla contra la globalización, de la que Chile es la primera víctima y el primero a manifestarse en contra.