INTIFADA MAPUCHE EN EL SUR DE CHILE

INTIFADA MAPUCHE EN EL SUR DE CHILE (Por Francisco Marin)

Mapuexpress y

Preoceso de México

Valparaíso.- El sur de Chile está que arde. Cientos de comunidades mapuches están en evidente estado de rebeldía. Exigen la devolución de tierras ancestrales y acusan numerosos atropellos de parte del Estado y las empresas que ocupan su histórico territorio.

El actual alzamiento mapuche se inició hace 15 años. Pero es en la actualidad cuando más connotación ha alcanzado. Dos hechos han sido determinantes: El asesinato policial del estudiante mapuche Matías Catrileo y una larguísima huelga de hambre que acaba de concluir.

Balazo por la espalda

El crimen de Catrileo ocurrió el pasado 3 de enero en circunstancias que él, junto a una treintena de mapuches de la comunidad Lleupeko de Vilcún (Región de la Araucanía), ingresaron al fundo Santa Margarita, que reclaman como suyo. Alertados del hecho, un piquete de carabineros (policía uniformada), acudió al lugar abriendo inmediatamente fuego contra los mapuches que no portaban armas. Catrileo cayó muerto víctima de un disparo en la espalda, que le perforó un pulmón.

El autor fue el cabo Walter Ramirez, quien portaba una subametralladora UZI, cargada con proyectiles de guerra. Los compañeros de Catrileo, en medio de los disparos, tomaron su cadáver y lo escondieron. Hacían esto, para evitar que fueran alteradas las evidencias que delataban que Catrileo fue atacado por la espalda. Los comuneros mapuches se contactaron con una radio de cobertura nacional (Bío Bío) la que transmitió en directo lo que sucedía.

Hubo conmoción nacional. Tanto fue así, que este suceso permitió que fuera conocida y reconocida por todo Chile la lucha que dan los mapuches por la reconstitución de su territorio, y más aun, por su propia existencia. El Ministerio Público designó a cargo de esta causa al fiscal militar José Pinto Aparicio, el mismo que dejó sin sanción el asesinato del mapuche Alex Lemún (17 años), perpetrado por el mayor de carabineros Marco Treuer, en el contexto de una toma de terreno.

Los días posteriores a la muerte de Catrileo se registraron masivas protestas en numerosas ciudades de Chile. En los campos del sur, numerosos caminos fueron bloqueados y otras tantas haciendas fueron ocupadas. Dos camiones fueron incendios en la carretera Panamericana cerca de Temuco. En Tirúa, dos centenares de mapuches, armados de palos, pistolas y piedras, atacaron dos helicópteros de Forestal Mininco, cuando intentaban aterrizar en el aeródromo Las Misiones.

El Gobierno, para aplacar las protestas, optó por el camino de la represión. El 16 de enero solicitó al Ministerio Público el nombramiento de fiscales especiales que se aboquen exclusivamente a investigar y penalizar las protestas mapuches. Ese mismo día la petición fue aceptada. En un comunicado de prensa, el Ministerio Público aclaró que “los fiscales designados se dedicarán sólo a dirigir las investigaciones de hechos violentos y no de otro tipo de situaciones vinculadas a las demandas de comunidades indígenas”.

Es importante consignar que los cerca de 300 mil mapuches que viven aún en los campos del sur de Chile, tienen sus comunidades rodeadas de empresas forestales, mineras, salmoneras e hidroeléctricas que asedian su territorio, saqueando y contaminando el medioambiente que les da sustento y medicina. Estas empresas son abiertamente respaldadas por la policía, el gobierno, la prensa y la justicia.

Este reportero pudo comprobar en terreno la “militarización” de la que son víctimas las comunidades mapuches. En la localidad costera de Mehuín (850 Kms. al sur de Santiago), carabineros pidió la documentación e interrogó a los pasajeros del bus en que viajaba, respecto de las razones de su visita a esta localidad. Este control se hacía a todos los vehículos que allí ingresaban. Mehuín es una comunidad costera, poblada por pescadores chilenos y mapuches que desde hace 12 años resisten la instalación de un ducto, con el que la celulosa Celco, de Valdivia, pretende arrojar sus muy contaminantes deshechos en el mar. El Gobierno en todo momento ha apoyado a la Celulosa a través del envío de fuerzas policiales y militares a tareas represivas. O mediante la intervención de la “Autoridad Medioambiental” que se ha manifestado completamente dispuesta a otorgar la autorización para que se descarguen las emisiones contaminantes en el mar sin exigir el tratamiento adecuado.

Diversos reportes –como el entregado por el Observatorio de Pueblos Indígenas el 17 de diciembre pasado al Ministerio del Interior- dan cuenta que las comunidades mapuches continuamente son víctimas de allanamientos policiales en los que se golpean brutalmente a ancianos, niños y mujeres e incluso a autoridades sagradas (machis y lonkos). Además, la policía habitualmente les requisa -con cualquier excusa- sus animales, instrumentos musicales y herramientas agrícolas. Estas últimas incluso han sido utilizadas como pruebas judiciales para incriminarlos en actos de violencia. Los fiscales son particularmente receptivos a cualquier acusación en contra de los mapuches, a quienes imponen severos castigos y humillaciones, aunque sean inocentes de los cargos presentados.

¿Terroristas?

La causa mapuche recibió un gran espaldarazo fruto de la huelga de hambre de 112 días, que iniciaran cinco mapuches presos en la cárcel de Angol y que fuera sostenida hasta el 30 de enero por Patricia Troncoso, más conocida como Chepa. Las demandas de los ayunantes eran: el fin de la militarización del territorio mapuche, la derogación de la Ley Antiterrorista y la libertad de todos los presos políticos mapuches.

La huelga finalizó este 30 de enero fruto de la mediación del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic. Fruto de sus gestiones, se logró que se le entregaran beneficios carcelarios a la Chepa –que lleva 5 años tras las rejas- y a otros dos presos políticos mapuches, Juan Millalén y Jaime Marileo. Los beneficios entregados incluyen el derecho a salir en libertad los fines de semana. El 29 de enero, la presidenta Michelle Bachelet había nombrado un comisionado especial para asuntos indígenas, responsabilidad que recayó en Rodrigo Egaña, quien tendrá como misión abrir un proceso de diálogo con este pueblo-nación que tiene fama de “indomable”.

La Chepa, junto a Marileo, Millalén y otros dos mapuches, fue condenada por su participación en el “incendio Terrorista” de la hacienda Poluco Pidenco, ocurrido en diciembre de 2001, circunstancia en la que sólo se registraron daños materiales. El castigo común a todos ellos: 10 años de cárcel y una multa equivalente a 925 mil dólares.

La dureza de los castigos se debe a que les fue aplicada, a solicitud del Gobierno del expresidente Ricardo Lagos, la ley 18.134 Antiterrorista que fue creada por la dictadura de Augusto Pinochet. La aplicación de esta ley tiene como inmediata consecuencia el aumento de los castigos y el uso de herramientas policiales como escuchas telefónicas, violación de correspondencia privada, seguimientos, uso de infiltrados. permite el uso de “testigos sin rostro”, que en muchos casos han recibido dinero del Ministerio Público para emitir sus declaraciones inculpatorias y que son entregados bajo la excusa de permitir la protección de los acusadores.

Los condenados en la causa Poluco Pidenco demandaron –7 de septiembre de 2005-, al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acusaban que en sus juicios se vieron vulnerados sus derechos de igualdad ante la ley y de tener un debido proceso, lo que contravendría la Convención Americana de Derechos Humanos. El 2 de mayo pasado, la CIDH declaró admisible al considerar que existían claros indicios que las acusaciones fueran fundadas. Con esta causa, son cuatro los procesos que se tramitan en este tribunal internacional y que dicen relación con vulneración de derechos de pueblos indígenas por parte del Estado chileno.

La CIDH, es sólo uno de los muchos organismos internacionales que han reconvenido a Chile por no respetar los derechos de los pueblos originarios. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2007, reprendió en duros términos a Chile por el uso que se le da a la legislación antiterrorista. “La ley 18.134 ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”, sentencia el organismo.

En enero de 2007, el Comité de Derechos del Niño de la ONU planteó al Gobierno de Chile, la necesidad que sean reconocidos los derechos de los pueblos indígenas, recomendando su reconocimiento constitucional y la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es tramitado en el Parlamento de Chile, desde 1992. Este Convenio, cuya ratificación se ha vuelto una demanda central de los pueblos originarios de Chile, que tiene la virtud de ser un instrumento vinculante al ser un tratado internacional, contiene un estatuto de derechos de pueblos indígenas que reconoce principios de autogobierno y autogestión de los pueblos indígenas respecto de los recursos naturales que se ubican en sus territorios. Este Convenio podría ser votado en marzo próximo por el Senado chileno. Pero grupos indígenas se oponen a su ratificación dado que el Parlamento lo podría aprobar con algunas “reservas”, que lo despojarían de gran parte de su poder jurídico.

Desde el retorno a la democracia, en 1990, cerca de 600 mapuches han sido procesados por la justicia. Más de la mitad de ellos, en base a leyes de excepción, como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista.

La causa mapuche

La huelga de hambre y la muerte de Catrileo despertaron un volcán. Enormes manifestaciones en solidaridad con los mapuches se han sucedido diariamente tanto en Chile como en otras partes del mundo. En Europa las manifestaciones frente a las embajadas y consulados chilenos se han vuelto habituales dibujando un cuadro muy similar al que ocurría en los peores años de la dictadura de Pinochet, cuando las protestas de exiliados acechaban al régimen militar.

Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, diputados del Parlamento Europeo, las madres de la Plaza de Mayo y cientos de importantes organizaciones de todo el mundo han pedido a la presidenta Bachelet que intente dar una solución al drama judicial, económico, histórico y cultural de los mapuches, además de que evitara que la Chepa muriera de hambre.

José Bengoa, connotado investigador de la historia mapuche, definió, en entrevista con Proceso, como “intifada” el levantamiento que realizan los mapuches en el sur de Chile. Esto, por la cantidad y características de las acciones de protesta “que incluyen incendios, marchas, huelgas de hambre, que se registran cada día”.

Para el autor de la Historia del Pueblo Mapuche, el conflicto chileno mapuche “es quizás el problema político más complejo e importante que hay en Chile”. Estima que en su país “existe la vieja tentación de ver los temas indígenas, como problemas menores, sectoriales, que sólo tienen que ver con subsidios, con lo folclórico, pero que no consideran los temas de fondo como son el reconocimiento y la libertad”. Afirma que el Estado y la sociedad chilena “se han negado a darle reconocimiento a los mapuches”.

Bengoa presagia que, si el Gobierno no logra poner el tema mapuche en el terreno de la política, “va a tener un conflicto muy grande”. Esto implica “abrir el camino del diálogo”. De no ocurrir esto –advierte- se va a imponer la violencia. Expresa que es muy importante, para resolver el diferendo existente entre los mapuches y el Estado de Chile, darse cuenta que en la sociedad actual “ellos no tienen ningún canal donde expresar sus demandas”. Además desde el Estado y los poderes económicos sólo se busca “criminalizar su protesta”, según su parecer.

Es importante señalar que hoy no hay ningún parlamentario, ni ministro de la Corte Suprema, ni diplomático ni gobernador o intendente que sea mapuche. Esto, a pesar que este pueblo tiene 800 mil habitantes, buena parte de los cuales viven hoy en ciudades, principalmente en Santiago.

En entrevista con Proceso, la codirectora del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Nancy Yánez, señaló que sucesos como la muerte de Matías Catrileo era algo absolutamente previsible a la luz de lo que estaba sucediendo en la zona mapuche en los meses previos. Yánez asegura que ella le anticipó personalmente esto al Director General de Carabineros, general José Bernales, a mediados de diciembre. A este le hizo presente –según contó Yañez-, la necesidad que carabineros modificara su actitud represiva con el fin de evitar que se generara “una espiral de violencia que podría a terminar con costos de vidas humanas”.

A entender de Yánez, el sufrimiento y los atropellos sufridos por los mapuches denotan “una crisis de institucionalidad en la democracia chilena puesto que los tribunales militares no cumplen con los requisitos de imparcialidad y debido proceso que exigen las leyes chilenas”. Yánez se ha reunido el último tiempo con ministros y subsecretarios de gobierno a quienes les ha dado cuenta de numerosos atropellos policiales y judiciales de los que son víctimas las comunidades mapuches.

Yánez denunció que es improcedente que en Chile, crímenes en los que están envueltos civiles, sigan siendo juzgados por tribunales militares. A su entender, este proceder desconoce la condena dictada contra este Estado por la Corte Interamericana de Justicia en el caso Palamara (2006), circunstancia en que se conminó expresamente a este país a restringir la enorme importancia asignada a los tribunales militares, que a su juicio, han actuado sin imparcialidad “al ser a la vez juez y parte”.

Esta destacada abogada defensora de los derechos indígenas expresó que la muerte de Matías Catrileo “es consecuencia de la criminalización de la protesta social mapuche y de la militarización de la Araucanía.

Es relevante destacar que la nación mapuche se mantuvo independiente durante toda la época colonial. En dicho periodo selló numerosos acuerdos con el Reino de España que tenían en común reconocer la soberanía de mapuche, sobre el territorio comprendido entre la ribera sur del río Bío Bío y el río Toltén. Fue la República de Chile (y también la de Argentina) la que a finales del siglo XIX, los sometió a sangre y fuego, avanzando sobre sus tierras, el 90% de las cuales fue confiscada y posteriormente rematada.

Hoy, apelando a antiguos documentos y a derechos indígenas reconocidos internacionalmente, los mapuches piden la devolución de las tierras expropiadas.