Atentos: Chile acepta observadores internacionales para "solucionar" conflicto Mapuche sin reconocer que existen presos políticos

El Gobierno chileno aceptará la presencia de observadores internacionales para ayudar a solucionar el conflicto con los indígenas mapuches, que exigen la devolución de sus tierras ancestrales y el reconocimiento de su identidad y su cultura, informaron hoy fuentes oficiales.

La decisión fue adoptada durante una reunión el miércoles de los ministros del Interior y de Planificación y los gobernadores de las regiones con mayor presencia de población mapuche (Bío Bío, Los Lagos, Araucanía, Los Ríos y Metropolitana), así como el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, cargo creado a finales de enero por el Gobierno chileno.

La visita de relatores especiales ’la veríamos como una ayuda al problema que estamos enfrentando, no tenemos ningún inconveniente’, declaró el ministro del Interior, Edmundo Pérez-Yoma, al finalizar el Consejo Interministerial para Asuntos Indígenas.

El Ejecutivo chileno considera que la labor de los observadores permitiría que la opinión pública internacional constatara que no hay presos políticos mapuches en Chile.

’En Chile no hay nadie que esté preso por ideas políticas (sólo juzgados bajo declaraciones de 120 testigos sin rostro y/o protegidos, de carabineros, empresarios y con ley heredada de la dictadura) , aquí los presos están siempre por actos específicos, (como) incendios, atentados a otras personas o contra el Gobierno (actos de resistencia a la trasnacionalización de su territorio)’, recalcó el ministro del Interior.

Esta apertura se enmarca en el nuevo enfoque de las autoridades chilenas ante el conflicto mapuche, al que confían en dar una ’solución integral’ que vaya más allá de los aspectos relacionados con el mantenimiento del orden público.

El Gobierno presentó ante el Parlamento un proyecto de ley sobre reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas (el proyecto lo presentó la derecha económica encabezada por Piñera y Espìna, dos de los máximos políticos que han satanizado y criminalizado la protesta social Mapuche) y otro referido a la aprobación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- (interpretativo y rechazado por la comunidades, sin excepción de las organizaciones políticas).

Sin embargo, ambas iniciativas están estancadas debido al rechazo de la oposición conservadora (rechazadas por ambos sectores, no sólo por la derecha. Además no representa el sentir de las comunidades Mapuche y de sus presos políticos).

’Queremos poner la potencia del Estado tras una solución integral y puesta en marcha de todos los planes que durante muchos años se han hecho (Orígenes y Conadi: instituciones que trabajan la asimilación del pueblo Mapuche, vía métodos folclóricos, a la idiocincracia chilena), pero que están detenidos, a medio ejecutar o que no se han ejecutado de la forma correcta’, dijo el ministro del Interior.

Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) han solicitado en numerosas ocasiones la presencia de relatores especiales de Naciones Unidas para solucionar el conflicto con los mapuches, que son casi el 90 por ciento del millón de indígenas chilenos, el 6,6 por ciento de la población total.

Los mapuches exigen el reconocimiento constitucional de su identidad, sus derechos y su cultura, así como la propiedad sobre las tierras que pertenecieron a sus ancestros (la autonomía como Pueblo-Nación).

El conflicto se recrudeció en enero al morir (ser asesinado por la espalda por un carabinero) un estudiante en un incidente con policías cuando un grupo indígena intentó ocupar una finca (de su propiedad ancentral).

Además, una activista (La Chepa) condenada a diez años de prisión por el (supuesto) incendio de un bosque mantuvo una huelga de hambre, ya suspendida, durante 112 días para exigir un nuevo juicio para ella y otros mapuches procesados por leyes antiterroristas y la ’desmilitarización’ de las zonas en conflicto.

Fuente: Terra

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