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Esperaban hasta ayer para que se creara una mesa de diálogo con la participación del Gobierno, la Iglesia y sus familiares
Abogado Alberto Espinoza acusa de falta de “voluntad política” para alcanzar una solución al prolongado ayuno que comenzó el 10 de octubre y que mantiene a dos comuneros con riesgo vital.
Angelica Ñancupil, vocera de los presos mapuches de la Cárcel de Angol, advirtió que esperarían hasta ayer miércoles que el Gobierno entable una mesa de diálogo para buscar una solución que ponga fin a la huelga de hambre que desde el 10 de octubre pasado mantienen cinco comuneros en ese penal de la IX Región.
En caso contrario -a pesar de que dos de los huelguistas se encuentran con riesgo vital- endurecerían el ayuno dejando de ingerir líquidos.
La mesa diálogo estaría conformada por familiares de los presos, autoridades del Gobierno y representantes de la Iglesia, entidad que ya habría manifestado su preocupación y disponibilidad para participar.
"Buenos oficios"
El abogado de derechos humanos Alberto Espinoza señaló a La Nación que no estaba al tanto de la drástica determinación, pero sí de los vínculos con el Gobierno que se han establecido a través de "los buenos oficios" de monseñor Camilo Vial, obispo de Temuco, quien está "profundamente preocupado de la situación".
El abogado señaló que el Ejecutivo "tiene una buena disposición para buscar una fórmula de arreglo, pero hace falta una mayor voluntad política, una actitud más directa y menos especulativa".
La semana pasada Espinoza asistió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para pedirle a los parlamentarios el patrocinio de un proyecto de ley que rebaje las penas para el delito de incendio, iniciativa legal que ingresó a tramitación con la firma de nueve legisladores oficialistas. Con el mismo fin el abogado se reunió con el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien se habría comprometido sólo a "estudiar la situación".
El abogado señaló que "las buenas intenciones no sirven, se requieren actos ejecutivos como impulsar una ley que modifique la Ley Antiterrorista (creada durante la dictadura) o un acto de reparación si se toma en cuenta que dos resoluciones de Naciones Unidas señalan que fueron injustamente condenados".
Ley antiterrorista
José Huenchunao, Jaime Marileo (ambos con riesgo vital), Héctor Llaitul, Patricia Troncoso y José Millalén fueron acusados de cometer incendios terroristas, por lo que se les aplicó duras penas de 10 años de prisión, a pesar de que "la propiedad fue el único bien jurídico dañado", afirma Espinoza.
El intendente de la IX Región señaló que el secretario regional ministerial (seremi) de Justicia, Christian Dulansky, ha estado en permanente contacto con las autoridades de Gendarmería, familiares y huelguistas y no descartó que ante una condición crítica del estado de salud de los ayunantes se les traslade a un centro asistencial aplicando el imperio de la ley como es el privilegiar la integridad física.
Huelga anterior
El año pasado la huelga de hambre fue depuesta a los 72 días luego de que el senador (PS) Alejandro Navarro presentará un proyecto de ley que otorgaba beneficios especiales a los presos mapuches "utilizando la misma técnica lesgislativa por la cual se liberaron a los presos por delitos políticos durante la dictadura", señala Navarro. Sin embargo a pesar que los comuneros se comprometían a firmar un documento en que renunciaban la violencia, el proyecto fue rechazado por senadores de la derecha y algunos oficialistas. "Ante eso presentamos otro proyecto que reforma la ley indígena, estableciendo la inaplicabilidad de leyes especiales a los indígenas en caso de cometer delitos comunes y no de sangre, pero esa iniciativa no ha recibido la urgencia del Ejecutivo. El Gobierno no puede dejat morir a los presos mapuches", concluye Navarro.
Por Eduardo Rossel / La Nación
