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En el marco de su 131º período de sesiones, que tiene lugar del 3 al 14 de marzo de 2008 en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicó una sesión especial para analizar la situación de violaciones de derechos humanos de personas y comunidades mapuches cometidas bajo el Gobierno de Michelle Bachelet. También estuvo presente la representación diplomática del estado de Chile.
El director del Observatorio de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, en compañía del alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, denunciaron hoy “persecución y extremo uso de la fuerza pública contra dirigentes del pueblo mapuche”. El gobierno en tanto –como se esperaba- refutó la versión y dijo que estaba más bien “promoviendo su desarrollo social y económico”.
"Esas prácticas resultan violatorias de los derechos humanos y generan una espiral de violencia que atenta contra una convivencia interétnica", dijo José Aylwin ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con se de en Washingtón, Estados Unidos. Aylwin indicó que los atropellos se facilitan debido a que Chile "no reconoce constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas" y sus leyes están por debajo de los patrones internacionales en ese campo.
Adolfo Millabur -de la organización Identidad Lafkenche- dijo que en Chile "existe una persecución política de los luchadores sociales" que padecen intervenciones telefónicas, hostigamientos, abusos físicos e incluso encarcelamiento, y que el propio gobierno ha admitido "acciones de inteligencia" contra ellos.
"Hay una violencia policial persistente", afirmó. "A los detenidos se les aplica la ley del terrorismo y envía ante tribunales militares, por lo que no sólo no existe un caso que haya sido ganado por la comunidad sino que los oficiales agresores hasta son ascendidos".
Millabur pidió a la comisión, que es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una visita a Chile para constar las denuncias. Paolo Carozza, estadounidense que preside la CIDH, dijo que iba a estudiar las denuncias de Aylwin y Millabur para decidir la visita.
La vergüenza
Juan Aníbal Barría, director para asuntos de derechos humanos de la Cancillería chilena, admitió que en la constitución nacional no se reconoce expresamente los derechos de los pueblos indígenas, pero dijo que "nuestra visión de la realidad es muy distinta" de lo planteado por Aylwin y Millabur. "Nos parece que no han dado cuenta aquí de muchas acciones desplegadas desde los 90 hasta la fecha que han llevado mejoras sociales, jurídicas y económicas a los pueblos indígenas", dijo. "Creemos que no todo lo que ocurre en esa materia puede ser ignorada y desestimada". Refutó las acusaciones de "la manera más clara y categórica" de que en Chile la violencia contra los pueblos indígenas era una política de estado e indicó que desde 2003 no ha sido aplicada la ley antiterrorista en el país.
Dijo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet estaba atendiendo "todas las demandas pleanteadas pacíficamente" y que "no hay ni habrá impunidad frente a abusos de los derechos humanos en que incurran las fuerzas policiales u otros agentes".
Respecto a la muerte de Matías Catrileo, no hubo respuesta. Además agregó que en Chile “no hay presos políticos”, y que “no hay una política especial de violencia contra las comunidades mapuches"."No hay impunidad frente a abusos de agentes del estado" y “No hay un trato discriminatorio a los mapuches”.
Foto: mapuexpress
